Conflictos entre herederos: las vías antes de ir a juicio

Los conflictos entre herederos tienen una particularidad que cambió hace poco más de un año y que casi ninguna guía ha incorporado: antes de demandar hay que intentar negociar, y si no se acredita, la demanda no se admite. No es una recomendación de buena práctica, es un requisito procesal en vigor desde el 3 de abril de 2025.

Este artículo explica ese requisito con la norma delante, enumera los medios que sirven para cumplirlo, cómo se documentan y qué plazos abren, y termina con la parte que la ley no resuelve: qué desactiva de verdad los cuatro conflictos que más veces rompen una herencia.

Lo que cambió el 3 de abril de 2025

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introdujo en el ordenamiento español los llamados medios adecuados de solución de controversias y los convirtió en puerta de entrada obligatoria al juzgado civil.

Su artículo 5.1 dice: «En el orden jurisdiccional civil, con carácter general, para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias de los previstos en el artículo 2. Para entender cumplido este requisito habrá de existir una identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, aun cuando las pretensiones que pudieran ejercitarse, en su caso, en vía judicial sobre dicho objeto pudieran variar.»

Y el artículo 2 define el medio con mucha amplitud: «cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral».

Y sí, se aplica a las herencias

El artículo 5.2 precisa el ámbito: se exige la negociación previa «en todos los procesos declarativos del libro II y en los procesos especiales del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», con excepción de ocho materias que enumera: tutela judicial civil de derechos fundamentales, medidas del artículo 158 del Código Civil, medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, tutela sumaria de la posesión, demolición de obra en ruina, determinados procedimientos de protección de menores y el juicio cambiario.

La división judicial de la herencia no está en esa lista. Vive en el libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, título II, capítulo I, y por tanto queda sujeta al requisito. Lo mismo ocurre con la acción de división de la cosa común, con la impugnación de un testamento o con la reclamación de complemento de legítima, que son procesos declarativos del libro II.

Lo que queda fuera

El artículo 5.3 exime de negociación previa cuatro cosas, y una de ellas es muy relevante aquí: «No será preciso acudir a un medio adecuado de solución de controversias para la interposición de una demanda ejecutiva, la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda, la solicitud de diligencias preliminares ni para la iniciación de expedientes de jurisdicción voluntaria», con la salvedad de los expedientes de desacuerdo conyugal, administración de bienes gananciales y desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad.

Es decir: para pedir el nombramiento de un contador-partidor dativo, que es un expediente que se tramita ante notario o ante el letrado de la Administración de Justicia, no hace falta negociación previa. Esa vía —la más eficaz para el bloqueo típico— sigue estando a un paso de distancia, y se explica en el contador-partidor.

Los medios que sirven

Medio	Norma	Tercero	Coste típico
Negociación directa entre las partes	Art. 5.1 y 14.1	No	Ninguno
Negociación entre abogados	Art. 5.1	No	Honorarios de cada uno
Mediación	Ley 5/2012	Mediador	Honorarios del mediador
Conciliación privada	Art. 15	Profesional colegiado	Honorarios
Conciliación ante notario o registrador	Art. 14.3 y 14.4	Notario / registrador	Arancel
Conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia o juez de paz	Art. 14.5 y 14.6	Sí	Gratuita
Oferta vinculante confidencial	Art. 17	No	Abogado preceptivo
Opinión de persona experta independiente	Art. 18	Experto	Honorarios
Derecho colaborativo	Art. 5.1 y 14.1	Abogados formados	Honorarios

Dos apuntes sobre esta tabla. El primero: la vía más barata —negociar entre las partes o entre sus abogados— cumple el requisito igual que la más solemne, y la ley lo dice con todas las letras. El segundo: el artículo 11.2 obliga a que existan «mecanismos públicos para la solución de conflictos de acceso gratuito para las partes», y la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia o el juez de paz es la vía sin coste.

Sobre el abogado, el artículo 6.2 es preciso: solo es preceptiva la asistencia letrada cuando el medio empleado sea la oferta vinculante, y ni siquiera entonces si la cuantía no supera los dos mil euros o si una ley sectorial no la exige. En los demás medios se puede acudir con abogado o sin él.

Cómo se acredita, que es lo que decide la admisión

El artículo 10 regula la prueba, y conviene leerlo antes de empezar a negociar, no después:

• Si no interviene un tercero neutral, basta cualquier documento firmado por ambas partes con la identidad de las mismas, la fecha, el objeto de la controversia, las fechas de las reuniones y una declaración responsable de que ambas han intervenido de buena fe. Y si la otra parte no firma nada, sirve «cualquier documento que pruebe que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar».
• Si interviene un tercero neutral, este expide a petición de cualquiera de las partes un documento con su identidad y cualificación, la de las partes, el objeto de la controversia, las fechas de las reuniones y la declaración solemne de buena fe. Si alguien no compareció o rehusó, se consigna esa circunstancia y la forma en que se le citó.

La consecuencia práctica es sencilla: la negativa del otro heredero a negociar no bloquea el acceso al juzgado, siempre que quede constancia del intento y de su recepción. Lo que bloquea es no haber intentado nada, o haberlo intentado sin poder probarlo.

Cuándo se entiende terminado sin acuerdo

El artículo 10.4 lo cierra con cuatro supuestos:

Situación	Plazo
Recibida la solicitud, sin primera reunión ni respuesta escrita	30 días naturales
Hecha una propuesta concreta, sin respuesta escrita ni acuerdo	30 días desde su recepción
Celebrada la primera reunión, sin acuerdo	3 meses (prorrogables de mutuo acuerdo)
Una parte comunica por escrito que da por terminadas las negociaciones	Inmediato

Los dos plazos que abre la negociación

Aquí está el efecto que más conviene conocer, porque juega en las dos direcciones.

A favor: el artículo 7.1 dispone que la solicitud dirigida a la otra parte para iniciar la negociación, definiendo adecuadamente su objeto, interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de acciones desde la fecha en que conste el intento de comunicación, y esa interrupción se prolonga hasta la firma del acuerdo o la terminación sin acuerdo. Para quien tiene una acción a punto de caducar —por ejemplo la rescisión de una partición por lesión, con sus cuatro años del artículo 1076 del Código Civil— eso es un salvavidas real.

En contra: el artículo 7.3 obliga a formular la demanda dentro del plazo de un año desde la recepción de la solicitud de negociación o desde la terminación del proceso sin acuerdo, «para que pueda entenderse cumplido el requisito de procedibilidad». Pasado el año, hay que volver a intentar la negociación antes de demandar.

Y un plazo que no se toca: el fiscal. El artículo 69 del Reglamento del impuesto de sucesiones enumera lo que suspende el plazo de presentación —el litigio y el juicio voluntario de testamentaría— y lo que no, incluyendo expresamente la formación de inventario y la declaración de herederos sin oposición. Una negociación extrajudicial no aparece en la lista de las que suspenden. De modo que el reloj de los seis meses sigue corriendo mientras la familia negocia, y lo que hay que hacer con él está en la prórroga del impuesto de sucesiones y, si ya se pasó, en presentar el impuesto fuera de plazo.

Lo que se dice en la negociación no se puede usar en el juicio

El artículo 9 impone confidencialidad al proceso y a su documentación, salvo la información relativa a si las partes acudieron o no al intento y al objeto de la controversia. La obligación alcanza a las partes, a los abogados y al tercero neutral, y el apartado 2 les prohíbe declarar o aportar documentación derivada de la negociación —ni pueden ser obligados a ello— con cuatro excepciones: dispensa expresa y escrita de todas las partes, impugnación de la tasación de costas, resolución judicial motivada del orden penal, y razones de orden público como la protección del interés del menor.

Si alguien lo intenta de todos modos, el apartado 3 obliga a la autoridad judicial a inadmitir esa información y a no incorporarla al expediente. En la práctica esto permite negociar con margen: una oferta hecha en la negociación no es una confesión que el hermano pueda esgrimir después.

Si hay acuerdo: cómo se le da fuerza

• Contenido (artículo 12.1): identidad y domicilio de las partes, identidad de los abogados y del tercero neutral si intervino, lugar y fecha, las obligaciones que cada parte asume y la constancia de que se ha seguido un procedimiento ajustado a la ley.
• Escritura pública (artículo 12.3): «las partes podrán compelerse recíprocamente a elevar el acuerdo alcanzado a escritura pública», y si la requerida no atiende la solicitud, puede otorgarse unilateralmente por la solicitante, haciendo la solicitud por medio del notario autorizante. No hace falta que el tercero neutral esté presente.
• Efecto vinculante (artículo 13.1): el acuerdo obliga y las partes «no podrán presentar demanda con igual objeto»; contra lo convenido solo cabe la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
• Título ejecutivo (artículo 13.2): para poder ejecutarlo hay que elevarlo a escritura pública, homologarlo judicialmente cuando proceda, o que conste en la certificación de la conciliación registral del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria.

⚠️ Y un aviso fiscal que la norma no da. Un acuerdo que reparta de forma distinta a la que resulta del título sucesorio puede generar un exceso de adjudicación, con las consecuencias del artículo 7.2.B) del impuesto de transmisiones que se detallan en la extinción de condominio. Antes de firmar un acuerdo con lotes desiguales conviene calcular su coste: a veces la paz sale más cara de lo previsto y basta reordenar las adjudicaciones para evitarlo.

Antes de la ley: qué desactiva de verdad cada conflicto

El requisito procesal obliga a hablar, pero no dice de qué. Estos son los cuatro desencuentros que más veces rompen una herencia y lo que suele desmontarlos:

1. «No vale eso, vale mucho más» (o menos). Es el conflicto de valoración, y es el más fácil de resolver porque es técnico. Se desactiva con una tasación pagada a medias y con un inventario completo, no con opiniones: el método está en el inventario de bienes y el efecto de la valoración sobre el impuesto en el valor de referencia.

2. «Él vive en la casa y no paga nada». Es un conflicto de uso, y tiene reglas propias: el artículo 394 del Código Civil permite usar la cosa común siempre que no se impida a los demás usarla según su derecho, y el artículo 395 permite obligar a los otros a contribuir a los gastos de conservación. Las salidas están en una casa para varios hermanos.

3. «A él le dieron el piso en vida». Es el conflicto de las donaciones anteriores, y tiene una respuesta legal precisa: el artículo 818 obliga a agregar el valor de las donaciones colacionables para calcular la legítima, y el artículo 1045 manda valorarlas al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios, no al de la donación. Está desarrollado en dejar más a un hijo y en la legítima.

4. «Faltó dinero de las cuentas». Es el conflicto de sospecha, y se resuelve con documentos: extractos bancarios del periodo anterior al fallecimiento y el tratamiento de las cuentas conjuntas, que se explica en cobrar las cuentas bancarias. Conviene saber que titularidad y propiedad no son lo mismo, y que ese es exactamente el punto donde más veces se discute.

Lo que no funciona

• Demandar directamente. Desde abril de 2025 la demanda no se admite sin acreditar el intento.
• Mandar un correo genérico de «hablemos». El artículo 7.1 exige que la solicitud defina adecuadamente el objeto de la negociación, y el 5.1 exige identidad entre ese objeto y el del litigio. Un correo sin objeto definido puede no servir.
• Negociar y esperar años. El artículo 7.3 da un año para demandar.
• Dejar de presentar el impuesto porque «esto está en manos de abogados». No suspende nada.
• Firmar un acuerdo en un papel y guardarlo. Obliga, pero no se puede ejecutar sin escritura pública u homologación.
• Contar en el juicio lo que el otro ofreció. Es información confidencial y el tribunal debe inadmitirla.

El orden que suele funcionar

1. Inventario y tasación encima de la mesa, antes de cualquier conversación.
2. Una propuesta con números por escrito, con el formato de el cuaderno particional.
3. Solicitud formal de negociación con el objeto bien definido, enviada por un medio que deje constancia de su recepción. Desde ese momento la prescripción queda interrumpida.
4. Si no hay respuesta en treinta días, documentar la terminación sin acuerdo: ya está cumplido el requisito.
5. Contar el haber. Con el 50 %, contador-partidor dativo ante notario, que además no necesita negociación previa.
6. Demanda, dentro del año y con el documento de acreditación adjunto.

Y en paralelo, siempre, el calendario fiscal, que es lo único de esta lista con fecha de vencimiento.

Fuentes

• Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, artículos 2 (concepto), 3 (ámbito), 4 (autonomía privada), 5 (requisito de procedibilidad y exclusiones), 6 (asistencia letrada), 7 (efectos sobre prescripción y plazo de un año), 9 (confidencialidad), 10 (acreditación y terminación sin acuerdo), 11 (honorarios y mecanismos públicos gratuitos), 12 (formalización), 13 (validez y título ejecutivo), 14 (medios con regulación especial) y 15 (conciliación privada). Preceptos con entrada en vigor el 3 de abril de 2025. Texto consolidado, consultado el 17 de septiembre de 2026.
• Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, artículos 264.4.º (documento que acredita el intento de negociación, con efectos desde el 3 de abril de 2025), 403.2 (inadmisión de la demanda) y libro IV, título II, capítulo I (división judicial de la herencia).
• Código Civil, artículos 394, 395, 398, 818, 1045, 1057, 1074 y 1076.
• Real Decreto 1629/1991, Reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones, artículos 67, 68 y 69.
• Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Este artículo describe el régimen general con fines informativos y no es asesoramiento jurídico. El requisito de procedibilidad y sus excepciones son de aplicación reciente y su interpretación por los tribunales está en formación. Antes de presentar o de contestar una demanda, consulte con un profesional del derecho.