Cuando no hay herederos: qué pasa con la herencia

Es el final del orden legal y el escenario que casi nadie espera: una herencia sin nadie a quien entregarla. Ocurre más de lo que parece —el envejecimiento y las familias pequeñas lo hacen frecuente— y ocurre también por la vía indirecta: cuando todos los llamados renuncian porque la herencia trae más deudas que bienes.

El sector lo cuenta con un error de bulto, repetido casi unánimemente: que hace falta un proceso judicial. No lo hay desde 2015. Este artículo explica qué pasa de verdad, con qué plazos, quién hereda exactamente —no siempre «el Estado»— y qué le queda por hacer a quien crea tener derecho.

Lo esencial: el Estado hereda solo cuando no queda nadie dentro del cuarto grado (art. 954 del Código Civil). La declaración es administrativa, no judicial, desde la Ley 15/2015 (art. 20 bis de la Ley 33/2003), con plazo máximo de un año. Se acepta siempre a beneficio de inventario y dos tercios del valor van a fines de interés social (arts. 956 y 957). En cinco territorios hereda la comunidad autónoma, no el Estado. Y quien lo denuncie sin estar obligado a ello cobra un premio del 10 %.

Cuándo se llega hasta aquí

Solo por dos caminos, y conviene distinguirlos porque el segundo es mucho más frecuente:

1. No queda nadie llamado por ley. El orden completo está en heredar sin testamento y termina en un tope duro. El artículo 954 llama a los colaterales «hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el derecho de heredar abintestato». Cuarto grado son los primos hermanos: un primo segundo, un sobrino-nieto lejano o un tío-abuelo ya están fuera. El escalón inmediatamente anterior —hermanos y sobrinos— tiene reglas propias y se desarrolla en sobrinos que heredan. El artículo 955 añade que entre esos colaterales se hereda «sin distinción de líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble vínculo».

Y no hay que olvidar el escalón anterior: el artículo 944 sitúa al cónyuge viudo antes que los colaterales y le da toda la herencia en propiedad, así que la herencia vacante exige también que no hubiera cónyuge, o que estuviera separado legalmente o de hecho (art. 945). Una pareja de hecho, en la mayor parte de España, no cuenta a estos efectos: el caso está en la pareja de hecho no hereda sin testamento.

2. Todos los llamados renuncian. Es la vía práctica más habitual, y suele significar que la herencia estaba cargada de deudas. La renuncia tiene que hacerse en escritura pública ante notario (art. 1008) y es irrevocable (art. 997); el procedimiento y sus consecuencias están en renunciar a una herencia. Cuando la cadena de renuncias agota la lista, la herencia queda vacante igual que si nunca hubiera habido parientes.

Hay una tercera vía que no es exactamente esta pero acaba igual: el concurso de la herencia. El artículo 567 del Texto Refundido de la Ley Concursal permite declararlo «en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente», y es el cauce cuando el pasivo supera claramente al activo. Se explica en herencia con deudas.

Cómo se pone en marcha el procedimiento

Nadie en la Administración está esperando la noticia. El procedimiento se inicia de oficio, pero necesita que alguien lo active, y el artículo 20 bis.1 de la Ley 33/2003 enumera las cuatro puertas:

Cómo entra	De dónde viene
Comunicación notarial	Art. 56 de la Ley del Notariado: transcurridos dos meses del acta de declaración de herederos sin comparecer nadie con derecho, el notario remite copia a la Delegación de Economía y Hacienda
Comunicación judicial	Art. 791.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la intervención del caudal hereditario
Denuncia de un particular	La vía del premio del artículo 48 (más abajo)
Iniciativa propia u orden superior	Petición razonada de otros órganos

La incoación la acuerda el Director General del Patrimonio del Estado y el expediente lo instruye la Delegación de Economía y Hacienda del último domicilio conocido del causante en España; si nunca tuvo domicilio aquí, la del lugar donde esté la mayor parte de sus bienes. Si se aprecia que el llamamiento corresponde a una comunidad autónoma, se le da traslado.

Y hay un trámite de publicidad real, no simbólico: el acuerdo se publica gratuitamente en el BOE y en la web del ministerio, y se remite para su exposición durante un mes en los tablones de anuncios de los ayuntamientos del último domicilio, del lugar del fallecimiento y de donde radiquen la mayor parte de los bienes. Cualquier interesado puede presentar alegaciones antes de la resolución. Es la ventana para aparecer.

El error del sector: no es un pleito

Se publica de forma casi unánime que «se inicia un proceso judicial para determinar si realmente no hay herederos» o que «un juez declara la herencia vacante». No es así desde el 23 de julio de 2015.

La disposición final octava de la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria reescribió el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 33/2003 y añadió los artículos 20 bis a 20 quáter. Desde entonces, «corresponderá a la Administración llamada a suceder en cada caso efectuar en vía administrativa la declaración de su condición de heredero abintestato». Y el artículo 958 del Código Civil, reformado por la misma ley, dice que para tomar posesión «habrá de preceder declaración administrativa de heredero». La resolución la dicta el Director General del Patrimonio del Estado, previo informe de la Abogacía del Estado provincial y de la Abogacía General del Estado.

La confusión probablemente venga de que sí hay dos vías judiciales, pero son posteriores y distintas (art. 20 bis.8):

• Contencioso-administrativa, únicamente «por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento», y previo agotamiento de la vía administrativa.
• Civil, para quien se considere perjudicado «en cuanto a su mejor derecho a la herencia u otros de carácter civil», previa reclamación en vía administrativa.

Esa segunda es la que importa a un pariente que aparece tarde: el cauce existe, pero es él quien tiene que abrirlo, y en un juzgado civil.

Los plazos, que el sector no publica

El plazo máximo para resolver es de un año desde el inicio del procedimiento (art. 20 bis.6). Con una excepción concreta: si el inventario judicial de bienes del causante no se ha comunicado a la Administración antes de transcurridos diez meses, el plazo se entiende ampliado hasta dos meses después de recibirlo.

Conviene subrayar de qué plazo hablamos, porque se confunde: el año se cuenta desde la incoación, no desde el fallecimiento. Entre la muerte y la incoación puede pasar mucho tiempo, y con frecuencia pasa: el reloj real lo dispara la comunicación notarial o judicial. En la práctica, entre el fallecimiento y la adjudicación pueden mediar varios años.

Qué recibe exactamente el Estado, y qué hace con ello

Tres reglas del Código Civil delimitan la herencia pública, y ninguna de ellas es una vía libre:

• Art. 957: siempre a beneficio de inventario, «sin necesidad de declaración alguna sobre ello». El Estado responde de las deudas de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes, igual que cualquier heredero que se acoja a esa figura — la protección está explicada en beneficio de inventario. Es coherente con el artículo 20.1 de la Ley 33/2003, que impone ese régimen a toda aceptación de herencia por una Administración.
• Art. 956: liquidación y destino tasado. Realizada la liquidación, la cantidad resultante se ingresa en el Tesoro Público, «salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación». Y dos terceras partes del valor del caudal relicto se destinan a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que se realiza para esos fines en los Presupuestos Generales del Estado. El artículo 20 quáter.4 lo instrumenta: aprobada la cuenta de liquidación, se genera crédito por el importe equivalente a esos dos tercios.
• Art. 958: declaración administrativa previa a tomar posesión.

El artículo 20 quáter añade dos matices prácticos. El Director General del Patrimonio del Estado puede excluir de la liquidación bienes que convenga conservar para afectarlos a servicios públicos, compensando al resto del caudal si su valor supera el tercio que corresponde a la Administración. Y el artículo 20 ter.4 convierte la declaración administrativa en título suficiente para inscribir los inmuebles en el Registro de la Propiedad, e incluso para inmatricularlos si no estaban inscritos — la vía normal está en el Registro de la Propiedad.

Un detalle que evita malentendidos: hasta que se aprueba la cuenta de liquidación, la herencia «se considerará en administración», y los impuestos, tasas y cuotas de comunidad que se devenguen mientras tanto son deudas y cargas de la herencia (art. 20 ter.6), no gasto del presupuesto público.

No siempre hereda «el Estado»: cinco territorios heredan ellos

El artículo 20.6 de la Ley 33/2003 remite expresamente a «las normas de Derecho foral o especial que fueran aplicables», y ahí el mapa cambia por completo. Lo decide la vecindad civil del fallecido, no dónde estén los bienes:

Territorio	Quién hereda	Destino de los bienes
Cataluña	La Generalitat (art. 442-12)	Asistencia social o cultura del municipio de última residencia; fincas urbanas a vivienda social
Galicia	La Comunidad Autónoma (art. 267)	Asistencia social o instituciones culturales del lugar, término, comarca y, en todo caso, Galicia
País Vasco	La Administración autonómica (art. 117)	Se reparte en tres tercios: comunidad, diputación foral y municipio
Navarra	La Comunidad Foral (ley 304.6)	Liquidación e incremento de la dotación de fines de interés social de sus Presupuestos
Aragón	La Comunidad Autónoma (art. 535)	Asistencia social, con preferencia el municipio del último domicilio
Resto de España	La Administración General del Estado	Arts. 956 y 20 quáter

Tres particularidades merecen destacarse porque no se publican en ningún sitio:

El reparto vasco en tercios. El artículo 117 de la Ley 5/2015 es el único de España que fracciona la herencia vacante entre tres administraciones: la comunidad «asignará una tercera parte a sí misma, otra tercera parte a la diputación foral correspondiente a la última residencia del difunto y otra tercera parte al municipio donde éste haya tenido su última residencia».

El Valle de Arán tiene su propio heredero. El artículo 442-13.3 del libro cuarto catalán establece que «el Consejo General de Arán es receptor de los bienes heredados en lugar de la Generalidad de Cataluña si el causante de la sucesión intestada tiene residencia en Arán».

El Privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. El artículo 536 del Código del Derecho Foral de Aragón conserva una tradición secular y le añade dos supuestos modernos. Antes que la Comunidad Autónoma son llamados: el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, para los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos dependientes; la entidad pública responsable de las medidas de apoyo, para quienes fallezcan durante su vigencia; y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para quienes tuvieran su última residencia habitual en centros residenciales de su titularidad. En los tres casos, los bienes se destinan a mejorar esas mismas instalaciones.

El premio del 10 % por denunciarlo

Es la pieza menos conocida y la más concreta. El artículo 48 de la Ley 33/2003 reconoce a quien, «sin venir obligado a ello por razón de su cargo o funciones», promueva el procedimiento de investigación denunciando la existencia de bienes que presumiblemente sean de titularidad pública, el diez por ciento del valor de los bienes o derechos denunciados, siempre que el procedimiento concluya con su incorporación al Patrimonio del Estado y esa incorporación no se revoque después.

Las reglas de cobro están tasadas:

• La resolución que pone fin al procedimiento debe pronunciarse expresamente sobre si la denuncia reúne los requisitos para el premio (art. 48.2).
• El premio se devenga cuando los bienes se venden, y se calcula sobre el importe líquido obtenido (art. 48.3).
• Si no se han vendido, el denunciante puede reclamarlo pasados cinco años desde la incorporación, siempre que no haya un procedimiento pendiente que pueda revocar la titularidad. En ese caso la base es el valor catastral (art. 48.4).

Sobre un piso de 200.000 €, el premio son 20.000 €. No es un incentivo simbólico, y explica por qué existen profesionales dedicados a localizar herencias vacantes.

Si crees que tenías derecho y te has enterado tarde

No es una situación cerrada, pero tiene reglas y prisas:

1. Comprobar el grado de parentesco con el artículo 918: si estás fuera del cuarto grado, no hay nada que reclamar por vía abintestato. Los grados se cuentan por generaciones, descontando la del progenitor común, como se detalla en el orden de los herederos.
2. Buscar el expediente en el BOE: la incoación y la resolución se publican en los mismos sitios, y las alegaciones se pueden presentar mientras el procedimiento esté abierto — que es lo barato.
3. Si ya está resuelto, la vía es la reclamación administrativa previa y después el juzgado civil por mejor derecho a la herencia (art. 20 bis.8). El contencioso-administrativo solo sirve para vicios de competencia o procedimiento.
4. Vigilar la prescripción adquisitiva. Los treinta años del artículo 1963 son el techo teórico de las acciones reales sobre inmuebles, no un margen seguro: su segundo párrafo se remite a las reglas de la usucapión, y el artículo 1957 permite adquirir el dominio en diez años con buena fe y justo título. El plazo real depende de cada caso y conviene medirlo con un abogado, no suponerlo.

Y la lectura que este artículo deja para quien todavía puede actuar: el orden legal reconoce sangre y matrimonio, con un tope, y nada más. Ni el afecto, ni la convivencia, ni la amistad de cuarenta años — ni el hijastro con quien se compartió una casa dos décadas, como se ve en herencia con hijos de distintos matrimonios. Un testamento cuesta unos 48 € y evita que la alternativa sea una Delegación de Economía y Hacienda.

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Fuentes. Código Civil, arts. 918, 944, 945, 954-958, 997, 1008, 1023, 1957 y 1963. Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, arts. 20, 20 bis, 20 ter, 20 quáter y 48. Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, disposiciones finales primera y octava. Ley del Notariado, art. 56. RDLeg 1/2020, Texto Refundido de la Ley Concursal, art. 567. Ley 10/2008, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, arts. 442-12 y 442-13. Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, arts. 267-269. Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco, art. 117. Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, ley 304. Código del Derecho Foral de Aragón, arts. 535 y 536. Normativa consultada a 13 de septiembre de 2026. Página informativa; no sustituye el consejo de un notario o un abogado.