La herencia yacente: quién paga y quién decide mientras nadie acepta

Entre el fallecimiento y la aceptación hay un periodo en el que la herencia existe pero no tiene dueño. Los llamados a heredar aún no son propietarios —tienen el derecho a aceptar o repudiar, que es otra cosa—, y sin embargo la casa sigue generando IBI, la comunidad sigue girando cuotas, el impuesto de sucesiones sigue corriendo y los acreedores del fallecido siguen reclamando.

A ese periodo se le llama herencia yacente, y la pregunta práctica no es qué nombre tiene sino quién decide y con qué dinero se paga. Este artículo responde a las dos, y a una tercera que preocupa con razón: hasta dónde se puede gestionar sin que eso equivalga a aceptar.

Cuándo empieza y cuándo termina

Empieza con el fallecimiento y termina cuando alguien acepta. Puede durar semanas o años, y hay tres motivos habituales para que se alargue:

• Nadie sabe todavía si la herencia interesa, porque el pasivo no está claro. Es la situación descrita en una herencia con deudas.
• Falta identificar a los herederos, y el expediente notarial está en marcha: los plazos reales están en la declaración de herederos.
• Alguno de los llamados no responde ni se localiza, con las salidas que recoge un heredero se niega a firmar.

Conviene no confundirla con dos figuras vecinas. La comunidad hereditaria existe cuando ya se ha aceptado y todavía no se ha repartido: ahí sí hay dueños, varios, y rige lo explicado en una casa para varios hermanos. Y la herencia aceptada a beneficio de inventario también está «en administración» por mandato del artículo 1026, pero con un heredero ya cierto y un patrimonio separado que lo protege: el mecanismo está en el beneficio de inventario.

Quién decide: cuatro escenarios

Situación	Quién administra	Con qué límite
Nadie ha hecho nada	Nadie: la herencia está sin gestión	Los plazos corren igual
Hay albacea con facultades	El albacea, art. 902	Conservar y custodiar; repartir no
El heredero gestiona de hecho	Él mismo, art. 1026	Riesgo de aceptación tácita
Intervención judicial	Administrador nombrado, arts. 795 y ss. LEC	No puede enajenar (art. 803)

El albacea puede menos de lo que la gente cree. El artículo 902 le da cuatro facultades cuando el testador no le concedió otras: disponer el funeral, pagar legados en metálico con el beneplácito del heredero, vigilar la ejecución del testamento y sostener su validez en juicio, y la conservación y custodia de los bienes «con intervención de los herederos presentes». Reparar una gotera cabe; repartir la herencia, no. La separación entre albacea y persona que reparte está en el contador-partidor.

La intervención judicial del caudal hereditario es la vía formal, y sus reglas están en los artículos 790 a 805 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Puede pedirla, según el artículo 792, el cónyuge o cualquier pariente que se crea con derecho a la sucesión legítima siempre que acredite haber promovido la declaración de herederos ante notario, cualquier coheredero o legatario de parte alícuota al solicitar la división judicial, la Administración que haya iniciado su declaración como heredera, y también los acreedores reconocidos en el testamento, por los coherederos o con derecho documentado en un título ejecutivo.

Hecho el inventario, el artículo 795 fija el orden de nombramiento con una preferencia clara: «se nombrará administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia», y a falta de estos o si no tienen la capacidad necesaria, a cualquier otro heredero o a un tercero. El administrador presta caución, de la que el tribunal puede dispensar al viudo o al heredero con bienes suficientes, y de la que también pueden dispensarle los herederos de común acuerdo, salvo respecto de la participación de menores sin representante legal y de ausentes de paradero ignorado.

Sus obligaciones y sus límites son estrictos:

• Conservar sin menoscabo y procurar que los bienes den las rentas que corresponda, haciendo las reparaciones ordinarias indispensables y pidiendo autorización para las extraordinarias (art. 801).
• Depositar sin dilación lo que recaude, retiniendo solo lo necesario para gastos ordinarios, pleitos, notaría y contribuciones (art. 802).
• No enajenar ni gravar los bienes inventariados, con cuatro excepciones tasadas: los que puedan deteriorarse, los de difícil y costosa conservación, los frutos cuando se presenten circunstancias ventajosas, y los bienes cuya venta sea necesaria para pagar deudas o cubrir atenciones de la administración (art. 803).
• Rendir cuentas en los plazos que el tribunal señale, «sin que en ningún caso puedan exceder de un año» (art. 799), más una cuenta final al cesar (art. 800).

La intervención cesa cuando se hace la declaración de herederos, salvo que alguno pida la división judicial, y los herederos pueden pedir de común acuerdo que cese durante esa división —con dos excepciones: que haya un menor sin representante legal o un heredero ausente ilocalizable— (art. 796). Y no cesa mientras haya acreedores que se hayan opuesto a la partición hasta cobrar o ser afianzados.

Cuando no consta testamento ni parientes hasta el cuarto grado, el artículo 791 obliga además a comunicarlo a la Delegación de Economía y Hacienda por si procede declarar heredero al Estado, y desde que una Administración comunica que ha iniciado ese procedimiento la administración de los bienes recae sobre ella, sin caución. Ese camino, que es administrativo y no judicial, está detallado en cuando no hay herederos.

Quién paga: la parte que el sector explica mal

Aquí conviene ser preciso, porque circula la idea de que «la herencia yacente es un obligado tributario» sin más y de que su administrador debe presentar la renta del difunto por las rentas que se vayan generando. Las dos afirmaciones necesitan matiz.

El artículo 35.4 de la Ley General Tributaria dice, literalmente, que tendrán la consideración de obligados tributarios, «en las leyes en que así se establezca», las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. La condición no es automática: depende de que la ley de cada tributo lo establezca.

Y en el impuesto que más rentas genera ocurre lo contrario. El artículo 8.3 de la Ley del IRPF dispone que no tendrán la consideración de contribuyente las herencias yacentes y demás entidades del artículo 35.4, y que «las rentas correspondientes a las mismas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes». Es el régimen de atribución de rentas: si el piso del fallecido está alquilado, esos alquileres los declara cada llamado en su propia renta, en proporción a su participación, no una entidad separada.

De modo que el reparto real de responsabilidades queda así:

Obligación	Quién responde	Con qué dinero
Impuesto de sucesiones	Cada heredero, art. 5 de la Ley del impuesto	Suyo, o de la propia herencia por las vías del art. 8.1
IBI de los inmuebles	El titular del derecho, art. 61 del texto refundido de haciendas locales	Carga de la herencia
Cuotas de comunidad y suministros	La finca y su titular	Carga de la herencia
Renta de los alquileres	Cada llamado, por atribución (art. 8.3 LIRPF)	Suyo
Deudas del fallecido	La herencia, no los llamados mientras no acepten	Carga de la herencia

La clave práctica es la última columna: estos gastos son cargas de la herencia, no aportaciones a fondo perdido. El artículo 1023 del Código Civil incluye entre ellas los gastos de administración, y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas lo pone por escrito para el caso del Estado heredero: mientras la herencia se considera en administración, «los impuestos, tasas y cuotas de comunidad devengados» son deudas y cargas de la herencia. Quien adelanta el IBI con su dinero tiene derecho a que se le reintegre del caudal en el reparto, y conviene guardar los justificantes desde el primer día para incorporarlos al inventario de bienes.

El impuesto no espera

Es el error más caro de este periodo. El plazo de seis meses del artículo 67 del reglamento del impuesto se cuenta desde el fallecimiento, y el artículo 69 enumera con precisión qué lo suspende: un litigio o un juicio voluntario de testamentaría. Expresamente no suspenden la formación de inventario para aceptar a beneficio de inventario, ni la declaración de herederos cuando no hay oposición, ni los expedientes de jurisdicción voluntaria sin carácter contencioso. La lista completa está en el plazo del impuesto de sucesiones.

Consecuencia: una herencia puede llevar ocho meses yacente y tener el impuesto vencido. Dos cosas que sí se pueden hacer sin haber aceptado ni haber terminado nada:

1. Pedir la prórroga dentro de los cinco primeros meses. Es la decisión con mejor relación coste-beneficio de todo el periodo, con los números en la prórroga del impuesto de sucesiones.
2. Declarar sin escritura. El artículo 66 del reglamento admite la declaración en papel común cuando no hay documento, acompañando una relación de presuntos herederos si la declaración de herederos aún no está hecha. No hace falta tener la herencia resuelta para no incurrir en mora.

El riesgo que no es fiscal: gestionar puede ser aceptar

El artículo 999 del Código Civil considera aceptación tácita la que se hace «por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero». Y el artículo 1000 va más lejos: se entiende aceptada la herencia si el llamado vende, dona o cede su derecho, o si renuncia a favor de coherederos determinados.

Pagar un impuesto o una cuota de comunidad es cumplir un deber, no ejercer un derecho de dueño, y por sí solo no acepta. Cobrar los alquileres del piso, disponer del saldo o poner la casa en venta es otra cosa. La lista de gestos, con los tres bloques —lo que acepta, lo que no y la zona de frontera— está en la aceptación tácita.

Quien quiera gestionar con seguridad tiene dos instrumentos:

• Aceptar a beneficio de inventario, que permite administrar respondiendo solo con los bienes de la herencia. Sus tres plazos —y el hecho de que el más corto son treinta días para quien ya tiene la herencia en su poder— están en el beneficio de inventario.
• Pedir la intervención judicial, que traslada la administración a un nombramiento formal con caución y rendición de cuentas. Es lenta y costosa, pero blinda al que la pide de la apariencia de dueño.

Y si lo que hay es un patrimonio insolvente, existe una tercera vía que no todos conocen: el concurso de la herencia, que solo puede declararse mientras no haya sido aceptada pura y simplemente y que, cuando lo pide un heredero, produce los efectos de la aceptación a beneficio de inventario. Está explicado en una herencia con deudas.

Cómo salir del periodo yacente

1. Fijar el pasivo, porque de eso depende todo lo demás.
2. Pedir la prórroga del impuesto si el plazo aprieta y la herencia no está lista.
3. Cerrar el título sucesorio: testamento localizado o acta de declaración de herederos.
4. Decidir: aceptar, aceptar a beneficio de inventario o repudiar. Las tres puertas y su irrevocabilidad están en aceptar o renunciar.
5. Si alguien no se mueve, el requerimiento notarial del artículo 1005 da treinta días y convierte el silencio en aceptación pura y simple: es la llave para terminar el periodo yacente sin pleito, y sus plazos están en el plazo para aceptar.

Cuanto antes termine este periodo, menos cargas acumula la herencia y menos discusiones genera el reparto posterior, cuyas reglas están en el reparto de la herencia. Dos cuentas que conviene tener preparadas para ese momento: el ajuste por lo que alguno recibiera en vida, en la colación de donaciones, y la venta del inmueble si esa va a ser la salida, con sus requisitos previos en vender la casa heredada.

Fuentes

• Código Civil, artículos 999 y 1000 (aceptación tácita), 1005 (interpelación notarial), 1023 (cargas de la herencia), 1026 (herencia en administración y representación por el administrador) y 902 (facultades del albacea). Texto consolidado, consultado el 18 de septiembre de 2026.
• Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, artículos 790 a 805: 791 (comunicación a la Delegación de Economía y Hacienda y administración por la Administración Pública), 792 (legitimados, incluidos los acreedores), 793 y 794 (citación y formación de inventario), 795 (orden de nombramiento y caución), 796 (cesación), 798 (representación de la herencia), 799 y 800 (rendición de cuentas), 801 (conservación), 802 (destino de lo recaudado) y 803 (prohibición de enajenar y sus excepciones).
• Ley 58/2003, General Tributaria, artículo 35.4 (obligados tributarios sin personalidad jurídica, «en las leyes en que así se establezca»).
• Ley 35/2006, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, artículo 8.3 (la herencia yacente no es contribuyente: atribución de rentas a los herederos).
• Ley 29/1987, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, artículos 5 (contribuyente) y 8.1 (responsabilidad subsidiaria de las entidades y excepción para el pago del propio impuesto).
• Real Decreto 1629/1991, reglamento del impuesto, artículos 66 (declaración en papel común y relación de presuntos herederos), 67 (plazo) y 69 (qué suspende y qué no).
• Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, artículo 61 (hecho imponible del IBI y prelación de derechos).
• Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículos 20 y 20 ter (aceptación a beneficio de inventario y consideración de los impuestos, tasas y cuotas de comunidad devengados como deudas y cargas de la herencia).
• Real Decreto Legislativo 1/2020, texto refundido de la Ley Concursal, artículos 567 y 568.3 (concurso de la herencia).

Este artículo describe el régimen general con fines informativos y no es asesoramiento jurídico ni fiscal. La frontera entre administrar y aceptar tácitamente se aprecia caso por caso por los tribunales, y la atribución de rentas de una herencia yacente tiene reglas propias según el tipo de renta. Si el patrimonio genera ingresos o soporta deudas relevantes, conviene decidir la posición con un profesional antes de gestionar nada.